25.10.2020
Desde Monterrey, y a propósito de la reapertura de instituciones culturales en el marco de la pandemia, Abril Zales llama a evaluar los marcos discursivos que apelan abstractamente a la resiliencia comunitaria.
La reapertura de los espacios culturales en México, luego de seis meses de permanecer cerrados, se da en un contexto que suma incertidumbres: los recortes presupuestales que —desde el 2018— la 4T define para la Secretaría de Cultura, la cantidad e informalidad de contratos bajo Capítulo 3000 que aún se encuentran en una precaria condición laboral, y la incertidumbre sobre los fondos que corresponden a los extintores fideicomisos como lo fue el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA),[1] por mencionar algunas. Aunado a esto, como un gesto de indiferencia a la actual crisis económica —resultado de la pandemia—, de acuerdo al PEF 2021, el presupuesto nacional que corresponderá al sector cultural destinará un 25% del mismo al megaproyecto del Bosque de Chapultepec. Se trata de un gasto que en este contexto se evidencia innecesario, pues significa una reducción presupuestal del 11.58% del resto de los programas e instituciones culturales del sector público-estatal. La típica precarización sistemática que encontramos en administraciones pasadas.
En consecuencia, los museos (públicos y privados), para mantenerse vigentes y recalcar su importancia sociocultural, recurren a la sobreproducción de contenido digital a partir del material de su archivo, las charlas en vivo vía redes sociales y las visitas virtuales. Unos cuantos, comienzan a reactivar las visitas a sus salas, ahora atendiendo los protocolos de prevención, aforo restringido y la métrica de la cantidad de visitantes, que muchas veces condiciona sus presupuestos futuros.
En Nuevo León, por ejemplo, los espacios culturales públicos se reactivaron durante la primera semana de octubre, aún cuando a nivel estatal se autorizó su reapertura desde el 5 de septiembre. Por su parte, el museo MARCO, el museo privado más representativo en la ciudad de Monterrey, se reactivó el 19 de septiembre luego de una campaña de financiamiento colectivo, #SOSMarco, que inició durante el mes de abril con un evidente tono de urgencia a propósito de la pandemia. Por un lado, el cierre indefinido del museo, significó el cese de un tercio de sus ingresos totales por renta de espacios, ingresos de taquilla, tienda y restaurante; y por otro, una incertidumbre respecto a la reducción del apoyo que reciben de parte de la iniciativa privada. Ante esto último, vuelve la pregunta sobre la corresponsabilidad que tiene la esfera privada dentro del ecosistema del arte y la cultura, y abre cuestiones respecto al desarrollo de infraestructuras que resultan insostenibles.
A finales de 2018, y buscando generar una noción de pertenencia, comunidad e inclusión, el museo MARCO inició su campaña “Museo de todos”. Y es que, como consecuencia de su carácter privado y los intereses corporativos en el mismo, el museo se ha mostrado aislado respecto a lo que sucede a su alrededor, no sólo en términos de producción de arte local, sino también en términos de los aspectos socioculturales y políticos de la ciudad de Monterrey en general. Hemos visto una institución ajena a las problemáticas sociales, lejana a pronunciarse más allá de las exposiciones que suceden al interior. Desde hace años se ha rumorado que el museo opera con fondos cada vez más limitados; a pesar de esto, hemos visto exposiciones —con una alta demanda presupuestal— de artistas como Ai WeiWei, Rafael Lozano-Hemmer y Cardiff and Miller, por mencionar algunas. Es al inicio de la pandemia que ambas campañas se fusionan apelando a que todos salvemos al museo Marco.
Por el lado de la esfera pública, en 2019, el Consejo para la Cultura y las Artes del estado (CONARTE) anunció el proyecto Laboratorio Cultural Ciudadano (LABNL), “el primer espacio en el estado que será dedicado a potencializar la creatividad y la innovación de los jóvenes para generar proyectos colaborativos bajo tres ejes: Creatividad, Colaboración e Impacto social.” Una de sus grandes cartas de presentación fue la de recuperación de una construcción de 1930, en donde se encontraban las antiguas oficinas de CONARTE, y que antes fue el Palacio Federal. En 2015, con la llegada del gobierno independiente, decidieron cambiar la sede de CONARTE al interior del parque Fundidora. Desde entonces, el edificio ha permanecido en desuso.
Al día de hoy, octubre del 2020, la construcción/restauración del espacio opera las 24 horas del día, los siete días de la semana; algo que la administración pública anuncia como un gran logro, giro discursivo a propósito de las elecciones para gobernador del estado a realizarse en menos de un año. En los distintos comunicados del LABNL, se refieren al mismo como un espacio para artistas, urbanistas, arquitectes y antropóloges que buscan desarrollar proyectos de “innovación social”, y que generen aportes para lograr una ciudad “para todos”. En agosto de 2019, se presentó el proyecto con una inversión de 75 millones de pesos, y en julio del presente año, la cifra se ajustó a los 108 millones de pesos.
El CONARTE tiene una estructura organizacional particular y una de sus fortalezas es involucrar los distintos gremios culturales (de artes visuales, música, literatura, cine, fotografía, teatro y danza) en la toma de algunas decisiones y asignación de presupuestos. Cada dos años, dos representantes de cada gremio son votades por su comunidad y acompañan a la administración en el desarrollo de algunos programas, comunican de manera directa las inquietudes o necesidades de los agremiados con la presidencia u otros agentes del Consejo. Esto se ha mantenido por años y por supuesto que es una estructura con muchas áreas de mejora, sin embargo, gracias a las vocalías de los distintos gremios, se han concretado proyectos exitosos o beneficios para les agremiades.
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Hablar de “el acceso a la cultura para todos”, suena muy bien a la distancia. Se celebra que haya una apuesta por la visibilización de otras causas, iniciativas y demandas sociales, de género y tantas más, y que se busquen los cruces entre disciplinas y áreas de estudio. Un poco más de cerca, vale la pena cuestionar el repentino y un tanto forzado uso de la frase para todos en las esferas público-estatales y privadas. ¿A qué todo se refieren? Pensar en la colectividad como una masa homogénea, no hace más que evidenciar la limitada noción sobre lo que esto implica. ¿Bajo qué condiciones las instituciones públicas o privadas deciden apelar a la colectividad y la inclusión para maquillar sus programas?
Resulta imposible no pensar en el proyecto Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura y el discurso del actual gobierno federal, apelando a cancelar apoyos para artistas ‘fifis’ y que la cultura sea, otra vez, para todos. Las prácticas de colectividad se han trabajado por años desde iniciativas independientes y comunitarias, incluso anarquistas. ¿Cómo asimilar la repentina necesidad de ‘colectividad’ para justificar políticas culturales, salvar una institución, pública o privada, o para justificar una inversión que promete ser inclusiva? ¿Cómo llegamos a la resiliencia comunitaria como barco salvavidas que justifica proyectos con esos presupuestos? ¿Cuál es entonces el compromiso ético para trabajar con una comunidad y de escucharla, más allá de abrir la ventanilla de proyectos y promover la resiliencia ante una crisis?
Continuar homogeneizando la comunidad para pretender una inclusión y multiplicar las voces, o apelar a lo ‘colectivo’ como chaleco salvavidas, incluso alimentar la polaridad de lo público y lo privado, sin profundizar en el espectro que hay en medio y en las opciones reales de vinculación, nos orilla a pasar de largo por esta crisis, replicando modelos y formas que nos mantendrán bajo las dinámicas carcomidas que ya conocemos. ¿Es este contexto una posibilidad real para cambiar de paradigma en términos de producción y de políticas culturales?
Bajo el discurso de acabar con la corrupción y desvío de fondos, la llegada de la 4T al gobierno federal (2018), ha intentado (sistemáticamente) de desaparecer los fideicomisos de ciencia y cultura, apelando a las generalizaciones y sin evaluar las particularidades de cada uno. Durante la tercera semana de octubre, las redes sociales del FONCA cambiaron de nombre a Dirección de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura.
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