La Cineteca Nacional y la violación sistémica de los derechos laborales

Ante la indiferencia de la Secretaría de Cultura a cargo de Alejandra Frausto, la articulista y editora Mariana Pérez Montes denuncia los abusos laborales normalizados en la operación de la Cineteca Nacional, institución que recurre a estrategias neoliberales para no respetar los derechos de sus trabajadores.

En un artículo de opinión publicado recientemente en este medio, la escritora Zazil Collins denuncia las violencias laborales ejercidas por la Secretaría de Cultura y cierra su texto con una serie de cuestionamientos muy pertinentes: “¿por qué los trabajadores culturales adolecemos de contratos dignos en el sector gubernamental, con prestaciones de ley, pagos en tiempo y reconocimiento de relación laboral? ¿Por qué ex trabajadores nos encontramos entablando demandas tras despidos arteros, para que diversas Secretarías reconozcan y restituyan nuestras figuras laborales? […] ¿Por qué las y los Secretarios de Cultura se niegan a reconocer a quienes generamos y ejecutamos las ideas y proyectos con los que se regocijan en informes de gobierno?”^[1] Las palabras de Collins se suman a las de muchos otros que han denunciado el desmedido atraso en los pagos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el INBAL y el INAH o los cambios en los regímenes de contratación que disminuyen progresivamente los derechos laborales.

En el marco de estos cuestionamientos y denuncias, escribo estas líneas para dar a conocer la violación sistémica a los derechos de los trabajadores bajo la que opera Cineteca Nacional, institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México encargada de preservar la memoria fílmica tanto nacional como mundial y de promover la cultura cinematográfica en México. Parto de una historia personal pues mi esposo laboró en el Laboratorio de Restauración Digital “Elena Sánchez Valenzuela” como restaurador de sonido y fue despedido injustificadamente en enero del 2019 —dos días antes de que naciera nuestro hijo— sin finiquito y sin un reconocimiento a la relación laboral comprobable de cuatro años. Su demanda sin resolución es parte del largo historial de demandas en contra que acumula Cineteca Nacional por despidos injustificados, abuso de poder por parte de los coordinadores de área y acoso laboral. Dichas demandas, calificadas como el desplante final de un empleado despechado o desleal, no mueven conciencia alguna en los puestos directivos. En vez de hacer una revisión de sus políticas laborales, toman cada nueva demanda como una invitación a blindarse más, llevando la situación al absurdo con tal de salir impunes. Ejemplo de ello son las cartas de renuncia anticipada que obligan a firmar a los trabajadores desde el 2019 sin permitirles el acceso a una copia o fotografía de las mismas y las cuales libran a los responsables de área y a la institución de cualquier daño laboral que pueda sufrir durante su contrato. Al no estar fechadas, pueden ser utilizadas cuándo y cómo mejor le convenga a Cineteca Nacional en caso de conflicto.

Por políticas gubernamentales y sexenales, todos los trabajadores que no se encuentran dentro de la plantilla de trabajadores de confianza y/o dentro del sindicato, son contratados como servicios profesionales. Al inicio de la pandemia por Covid-19, Cineteca Nacional manejaba aproximadamente 200 trabajadores bajo este régimen, el cual no permite generar antigüedad y exonera a la institución de toda responsabilidad hacia el trabajador. La vigencia anual de sus contratos funciona en la práctica como instrumento coercitivo, pues siempre pende la amenaza de no ser contratado el año entrante. En dichos contratos se expresa lo siguiente:

“LAS PARTES”, reconocen expresamente que “EL FIDEICOMISO” no tiene nexo laboral alguno con “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, por lo que este último libera a “EL FIDEICOMISO” de toda responsabilidad relativa a cualquier accidente o enfermedad que pudiera sufrir o contraer durante el desarrollo de sus servicios o como consecuencia de ellos; no siendo aplicable a la prestación de los servicios objeto del presente contrato la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado “B” del artículo 123 Constitucional, la Ley del Seguro Social, la Ley del INFONAVIT, ni la Ley del ISSSTE.

La minuciosidad con la que se eximen las responsabilidades del contratante contrasta con la ambigüedad de las condiciones laborales del contratado. En el documento no existe cláusula de exclusividad ni se establecen horarios de trabajo o tiempos determinados para la realización de los servicios. La incongruencia reside en que, en el caso del Laboratorio del Restauración, por ejemplo, a los trabajadores se les exige cumplir jornadas de 6 a 8 horas diarias sin descanso, realizar controles de entrada y salida, asumir nombramientos como coordinadores o líderes de proyectos con más responsabilidad pero sin aumento salarial, tomar turnos para supervisar los trabajos de fumigación en fin de semana, acudir a juntas y eventos mensuales o anuales, portar gafete y realizar informes de actividades mensuales. Estos últimos deben ser redactados recurriendo a toda clase de eufemismos para evitar la palabra “trabajo” o alguna otra palabra que implique un nexo laboral con la institución o con el área.

En un acto de nepotismo que desafortunadamente no sorprende en un organismo gubernamental, estas reglas no aplican para todos los trabajadores, pues quienes tienen una relación cercana con los directivos gozan de mayor flexibilidad en los horarios y se les permite realizar actividades fuera del marco laboral, utilizando el equipo del Laboratorio para proyectos personales. Las notas periodísticas que han denunciado estas y otras irregularidades en la operación de la Cineteca Nacional, se barren bajo la alfombra, haciendo interrogatorios para encontrar a los culpables: esos trabajadores malagradecidos que, ojo, nunca han de ser llamados “trabajadores”.

La pandemia por Covid-19 ha empeorado las condiciones laborales. Muestra de ello es lo ocurrido en diciembre de 2020, cuando los trabajadores fueron obligados a firmar un documento en el que aceptaban la reducción de su salario en un 50%. Tras varias notas periodísticas de denuncia, la institución accedió a pagar los sueldos íntegros, sin embargo, quienes se encuentran bajo el régimen de servicios profesionales, se enfrentan a un futuro laboral incierto ya que a la fecha no cuentan con contrato para el 2021. Sobra decir que esto no aplica para el director general y otros encargados de área, quienes reciben sus sueldos íntegros a pesar de la pandemia. Por ello, los trabajadores de servicios profesionales de Cineteca Nacional piden se esclarezca la situación financiera de la institución que está a cargo de Vicente Fernando Cázares Avilés, director de Administración y Finanzas, y Alejandro Pelayo Rangel, director general. Sus voces se alzan colectivamente desde el anonimato por miedo a las represalias. Junto con ellos, hemos de velar porque no se normalicen este tipo de violaciones a los derechos laborales tan merecidamente conquistados, ya que el de la Cineteca Nacional no es un caso aislado sino una situación que se repite, con distintos matices, en distintas instancias gubernamentales. Queda claro que la instituciones públicas, y quienes detentan el poder en su nombre, no reconocerán sus violaciones y omisiones ni cambiarán sus políticas laborales por buena voluntad. Corresponde, entonces, a los trabajadores, la sociedad civil y los medios de comunicación, ejercer la presión necesaria para que eso ocurra.