Opinion - cultural policy - Mexico

Victoria Contreras

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20.09.2020

México y las políticas culturales imposibles (2018-2020)

Continúa la serie de opiniones alrededor de las políticas culturales del gobierno de México a propósito de un sistema cultural público en crisis. En esta ocasión, la gestora cultural Victoria Contreras señala la contradicción que existe entre la actual política del gobierno federal que busca erradicar la pobreza y la continua precarización que accionan las políticas culturales de dicha administración.

“México es un haz de fuerzas enfrentadas en
un paisaje social, económico, político y
cultural que las unifica de mala manera”,

Carlos Monsiváis

El 1963, el escritor mexicano Abel Quezada publicó el libro “El mejor de los mundos imposibles” donde ilustra a los mexicanos y sus prácticas culturales. En este texto hago una analogía para reflexionar sobre las políticas culturales imposibles de México, las que no hemos agotado en su acción y resultados, en los tiempos actuales.

Las políticas culturales del Gobierno Federal 2018-2020

Con la llegada en diciembre de 2018, del primer gobierno de “izquierda” en México y con alta legitimidad democrática, la Secretaría de Cultura (SC) inauguro su mandato con un hito histórico de gran fuerza simbólica: convertir la Residencia Oficial de Los Pinos, en la que habitaron los presidentes del país desde 1934, en un Complejo Cultural abriéndole las puertas al público por primera vez como un gesto popular.

La intencionalidad política del gobierno federal incentiva una narrativa de acción afirmativa con la población más pobre, que se resume en el eje 6 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024: “Por el bien de todos, primero los pobres”, así como en el eje 2 que versa: “No al gobierno rico con pueblo pobre”. Actualmente, INEGI y CONEVAL dicen que el 48.3% de la población mexicana se encuentra en pobreza y un 7.4% en pobreza extrema. Frente a esta realidad, las políticas culturales han dado un giro inclusivo y popular, pero con ciertos inconvenientes.

En este sentido, una de las principales apuestas de la SC fue el programa de Cultura Comunitaria que depende de la Dirección General de Vinculación Cultural, cuyo objetivo consiste en que personas, grupos y comunidades de todo el país tengan acceso y ejerzan sus derechos culturales.

En 2009, México plasmó en los artículos 4º y 73º de la Constitución Política los derechos culturales, por lo que es obligación del estado mexicano garantizarlos. Cultura Comunitaria era, en su génesis, una respuesta a dicho marco constitucional, por lo que en 2019 se le asignaron $930 MDP, recursos aparentemente suficientes, aunque su implementación ha dejado mucho que desear por no contar con reglas de operación. Consecuencia de ello fue el atraso en los pagos de muchxs gestores culturales que fueron contratadxs para operar el programa, lo que movilizó a la sociedad civil del sector cultural para exigir los pagos atrasados.

Esto es una muestra de cómo el gobierno mexicano olvida la importancia de reconocer que también existen situaciones de precariedad en el sector cultural. El gasto público en cultura durante 2019 sufrió un recorte de $1,309 millones de pesos, quedando en: $12,394.1 millones de pesos (MDP), 3.9% menor al de 2018; el presupuesto de 2020 aumentó ligeramente a $13,367,480.5 MDP, apenas lo suficiente para cubrir la inflación; y para 2021 el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación estima un gasto de $13,985 MDP, para el ramo 48, dedicado al sector cultura. ¿Esto es suficiente para un sistema precarizado en el contexto de una crisis económica que se agudiza día a día? En este complejo escenario durante el primer semestre de 2020 el sector de servicios de la cultura reportó una contracción del 46.7% derivado del cierre obligatorio de recintos por la pandemia Covid19. Sin embargo, este dato sólo refleja al sector formal, pero no da cuenta de lo que está sucediendo con las personas que aportan a la cultura y las artes de manera autogestiva e informal.

Como parte de la Ley de Austeridad Republicana, el Ejecutivo Federal dispuso la desaparición de varios fideicomisos para hacer uso de los recursos disponibles. Bajo un acuerdo intersecretarial determinó desaparecer el FONCA, FIDECINE, así como un recorte del 75% al presupuesto del INAH con lo que se debilitan las condiciones institucionales para garantizar el acceso a los derechos culturales. ¿Son estas acciones de parte del Ejecutivo Federal congruentes a la política para erradicar la pobreza? ¿No es la precarización parte del proceso de empobrecimiento paulatino en el contexto neoliberal?

Es estratégico y urgente que el Gobierno Mexicano asuma sus compromisos en materia de derechos culturales y cree esquemas más equitativos para todxs lxs trabajadores de la cultura y las artes; ya que su situación es sumamente complicada y frágil.

La incidencia de la sociedad civil mexicana 2018-2020

En este contexto, la agencia activa de la sociedad civil, articulada y organizada es necesaria para co-crear soluciones junto con las instituciones públicas y otros sectores, para tener una posición más fuerte y que incidan para crear cambios estructurales en el sector.

Un hecho contradictorio reciente de la política cultural fue el anuncio de la aprobación y creación del proyecto “Chapultepec, Naturaleza y Cultura”. El Bosque de Chapultepec es un enclave centralista con una de las mayores infraestructuras culturales ya que cuenta con más de 12 museos. El proyecto tendrá un costo aproximado en 2021 de $3,508 MDP (25% del total del presupuesto nacional para cultura de dicho año mencionada anteriormente) y se le asignará presupuesto público al menos hasta 2023. Este hecho constata que la política cultural está ligada al proyecto político presidencialista y se contrapone con la idea de crear acceso cultural para lxs más pobres. Por ello, algunos movimientos de sociedad civil cultural han señalado las omisiones de la política cultural, entre los cuales se encuentran: Movimiento Colectivo por el Arte y la Cultura de México (MOCCAM); Frente Amplio de Trabajadores del Arte y la Cultura de México (FATACM) con el propósito inicial de defender el FONCA; Frente ProMuseos, quienes el 25 de mayo de 2020 enviaron una carta abierta al Presidente con peticiones puntuales para rescatar el patrimonio cultural, artístico y científico que los museos mexicanos conservan y difunden; la Cátedra Inés Amor de Gestión Cultural de Cultura UNAM; Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura — GRECU; Diálogos por la Gestión Cultural en México; Diálogos #ReconectaCultura; Sociedad Andante, entre muchos otros.

La intención de la gran mayoría es alertar sobre la grave crisis económico-laboral por la que atraviesan (precariedad, falta de acceso a derechos económicos y sociales, inequidad de género, etc.), así como sobre el subsecuente riesgo al que se enfrentan los patrimonios bioculturales tangibles e intangibles (expresiones culturales, lenguas, museos, bibliotecas, zonas arqueológicas y naturales, etc.). También han insistido en la necesidad de co-crear un nuevo modelo de política cultural y un nuevo modelo económico-social que permita favorecer una economía que sea más justa con el sector.

El gobierno tendría que ser congruente con lo dicho en el PND 2018-2024 en su eje 4, y lo señalado el Programa Sectorial de Cultura 2020-2024, publicado el 3 de julio de este año: queremos pasar “De la cultura del poder, al poder de la cultura” y al ejercicio corresponsable de los derechos culturales, para que no exista el peligro de la retroactividad de derechos. Sin embargo, las instituciones públicas culturales continúan con una posición que no toma en cuenta las voces plurales de la sociedad civil cultural organizada.

Por otro lado, desde la sociedad civil cultural podemos ayudar al Gobierno Mexicano comunicando y evidenciando que los aportes de la cultura y las artes en el diseño de políticas públicas son variables elementales para reducir desigualdades y potenciar la creatividad e innovación social. No olvidemos que, según datos del INEGI, en 2018, la aportación de la cultura al Producto Interno Bruto fue de 3.2%.

Sin embargo, la sociedad civil cultural debe hacer una auto-crítica constructiva para no continuar desarticulada. Entre más específicas y fragmentadas sean las demandas y propuestas por subsector, más frágil se vuelve la estrategia para lograr objetivos que incidan en la renovación del sector cultural y la exigencia de políticas culturales integrales y estratégicas. No es que tengamos que aspirar a políticas culturales imposibles sino a co-crear las que son posibles.

Notes

  1. Trans. note: According to its acronym in Spanish, INEGI means Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía [National Institute of Statistics and Geography]

  2. Trans. note: According to its acronym in Spanish, CONEVAL means Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [National Council for the Evaluation of Social Development Policy]

  3. Trans. note: According to its acronym in Spanish, FONCA means Fondo Nacional para la Cultura y las Artes [National Fund for Culture and the Arts]

  4. Trans. note: According to its acronym in Spanish, FIDECINE means Fondo de Inversión y Estímulos al Cine [Film Investment and Stimulus Fund]

  5. Trans. note: According to its acronym in Spanish, INAH means Instituto Nacional de Antropología e Historia [National Institute of Anthropology and History]

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