"La más reciente edición de la Bienal Nacional de Artes Visuales de República Dominicana, que debía ser un espacio de reconocimiento al pensamiento, la experimentación artística y la libertad de expresión, se ha convertido en el centro de una polémica que evidencia tensiones más profundas entre el Estado, la institucionalidad cultural, la moralidad recalcitrante y la libertad creativa. Lo que comenzó como una disputa técnica sobre el carácter “perecedero” de una obra premiada terminó escalando hasta una medida sin precedentes: el envío de una nota de advertencia de carácter policial al artista Jorge David Pérez (Karmadavis), cuya pieza Lo que no se saca de raíz, vuelve a crecer fue objeto de censura ministerial." Escribe nuestrx editorx en jefe.

La más reciente edición de la Bienal Nacional de Artes Visuales de República Dominicana, que debía ser un espacio de reconocimiento al pensamiento, la experimentación artística y la libertad de expresión, se ha convertido en el centro de una polémica que evidencia tensiones más profundas entre el Estado, la institucionalidad cultural, la moralidad recalcitrante y la libertad creativa. Lo que comenzó como una disputa técnica sobre el carácter “perecedero” de una obra premiada terminó escalando hasta una medida sin precedentes: el envío de una nota de advertencia de carácter policial al artista Jorge David Pérez (Karmadavis), cuya pieza Lo que no se saca de raíz, vuelve a crecer fue objeto de censura ministerial.

Según el comunicado firmado por diez de lxs doce artistas galardonadxs —entre ellxs Lucía Méndez Rivas, José Levy, Noa Batlle, Soraya Abu Naba'a, Yéssica Montero y el colectivo Modafoca—, la resolución 18-2025 del Ministerio de Cultura anula el fallo del jurado (integrado por Yina Jiménez Suriel, Allison Thompson y Orlando Isaac) y desconoce el criterio técnico sustentado en los estándares del Consejo Internacional de Museos (ICOM). El Ministerio, en cambio, justificó deliberadamente su decisión apelando a una definición tomada directamente del diccionario de la Real Academia Española, según la cual “perecedero” equivale a aquello que “muere o se acaba”. Esta sustitución de los marcos conceptuales especializados por una interpretación liberalista no sólo deslegitima el proceso curatorial, sino que constituye una peligrosa deriva autoritaria: un Estado que se erige como árbitro estético y semántico sobre el campo del arte. 

En una nota publicada en el Diario Libre el 29 de octubre —escrito por la vicepresidenta del ICOM y directora del Museo de la Resistencia—, se expone con claridad las implicaciones políticas de este gesto. Lejos de tratarse de una “simple controversia terminológica”, la intervención ministerial revela una forma de control cultural basada en la desconfianza hacia el pensamiento crítico y la autonomía de las instituciones artísticas. En lugar de reconocer la pluralidad de los lenguajes contemporáneos —que incorporan lo efímero, lo procesal y lo inmaterial como dimensiones legítimas de la práctica artística—, el Ministerio optó por un procedimiento policial: una comunicación formal, con tono de advertencia, enviada a un artista como si la creación estética pudiera ser tratada bajo los protocolos del orden público. 

Este acto de intimidación no sólo resulta desproporcionado, sino profundamente contradictorio con la misión de una institución que debería garantizar la libertad de expresión y el desarrollo cultural del país. En términos simbólicos, equivale a transformar la figura del artista en un sujeto sospechoso, sometido a vigilancia burocrática por el sólo hecho de crear desde un lugar de disenso o cuestionamiento. Que una obra con el título Lo que no se saca de raíz, vuelve a crecer —una reflexión sobre la influencia de la dictadura de Rafael Trujillo en la sociedad contemporánea dominicana, la violencia histórica de Estado y la necesidad de trabajar la memoria que esos hechos han generado— sea precisamente la que provoque una reacción institucional tan reactiva, habla del poder de la metáfora artística y de los límites que la autoridad le busca imponer. 

El grupo de artistas premiadxs, en su carta publicada, sostiene que la decisión ministerial vulnera la autoridad del jurado y el sentido mismo de la Bienal como espacio de encuentro, diversidad y pensamiento crítico. Reclaman, entre otras cosas, la restitución del fallo, la adopción de la definición museologica del término “perecedero” conforme a los lineamientos del ICOM y la apertura de un espacio de diálogo técnico entre el Ministerio, el Comité Organizador y la comunidad artística más allá de la moralidad institucionalizada. “Defendemos la autonomía del arte porque es también la autonomía del pensamiento”, declaran en su comunicado.

El trasfondo de este conflicto no es menor. En un país donde las políticas culturales suelen depender de la discrecionalidad de los gobiernos en turno, la intervención del Ministerio marca un precedente que revela en sí el estado del ecosistema cultural e intelectual de la sociedad dominicana. Si la autoridad puede anular un jurado técnico, reinterpretar conceptos museológicos a su conveniencia y recurrir a instrumentos policiales frente a lxs artistas, la Bienal deja de ser un espacio de libertad para convertirse en un instrumento de control simbólico. Lo que está en juego no es sólo un premio o una definición, sino la posibilidad misma de que el arte opere como un territorio de pensamiento crítico y de imaginación política. 

La controversia también pone en relieve la tensión entre el lenguaje del poder y el lenguaje del arte. Mientras el primero busca petrificar significados, el segundo los desborda. El uso del diccionario como herramienta de censura revela un intento por domesticar la polisemia del arte, reduciéndola a la claridad administrativa de una norma. Pero el arte no responde a definiciones fijas: trabaja justamente en los márgenes de lo inasible, lo perecedero, lo transformativo. La palabra “perecedero” en el campo museológico no implica necesariamente fragilidad material, sino temporalidad, proceso, reproducción de la vida. Ignorar esta diferencia equivale a desconocer las últimas cinco décadas de reflexión teórica y práctica artística a nivel global. 

Por eso la reacción de lxs artistas no se trata de una defensa corporativa, sino de una afirmación ética. Restituir el fallo del jurado es defender la legitimidad del conocimiento especializado y, con ello, la independencia del pensamiento crítico frente a la lógica administrativa del Estado. La Bienal, recuerdan, no pertenece al Ministerio, sino a la comunidad artística y al público, que la reconocen como una plataforma histórica de reflexión sobre el presente. 

Lo paradójico es que, en su afán por ejercer autoridad, el Ministerio ha logrado justamente lo contrario: reactivar el debate sobre el sentido político del arte y su capacidad de resistencia ante el autoritarismo. En un contexto global donde las instituciones culturales enfrentan presiones populistas, presupuestarias y morales, la situación dominicana funciona como un espejo de los dilemas contemporáneos entre gestión y libertad. La pregunta no es sólo qué es perecedero, sino quién decide qué merece permanecer. 

Por último, la 31ª Bienal Nacional de Artes Visuales quedará marcada no sólo por sus obras, o la necesidad urgente de replantear el modelo mismo con el que se vienen moviendo desde hace más de 80 años, sino por este episodio que expuso los límites del poder institucional frente a la potencia crítica del arte. Si algo demuestra el gesto ministerial es que el arte sigue siendo, pese a todo —incluso ante el hecho de que la imagen que circula sobre la ahora polémica pieza sea resultado de esta misma arbitrariedad, pues atropellando por completo la declaración del jurado a través de su laudo, sin importar que la propuesta como la obra que el artista sometió a consideración incluyera su siembra, y a pesar de que de acuerdo con las bases toda pieza debía ser completada antes de la inauguración—, un lugar incómodo: un territorio donde el lenguaje no se subordina, y donde el sentido crítico germina cada vez que aquello que no se arranca de raíz vuelve a crecer. Aun en tiempos absurdos de avanzada fascista neoliberal, aun ante la obscena y cínica disputa de los espacios culturales como escaparates de venta.