Express Takeover of Santa Fe Mall in Mexico City ends with casualties

Salen a la luz problemas sistémicos debido a acción censurada en la cobertura de los medios principales.

Toma relámpago del centro comercial Santa Fe en CDMX termina en saldo rojo.

Resistencia civil y utopía en Santa Fe, Ciudad de México.

Anoche, un grupo de cerca de 4 mil trabajadores precarios, representantes de familias desplazadas, estudiantes, activistas y productores culturales, así como pobladores de San Mateo Tlaltenango, Santa Rosa Xochiac, San Bartolo Ameyalco, San Bernabé, San Lorenzo Acopilco y La Magdalena, entre otras comunidades y pueblos, tomaron el centro comercial Santa Fe en la zona del mismo nombre al oeste de la Ciudad de México. Con la complicidad de trabajadores de la compañía de seguridad subcontratada por la administración del centro comercial, los invasores lograron entrar al edificio alrededor de la 1 de la mañana. La acción se inspiró en una acción paralela al desfile del primero de mayo de 2001 en Milán, la toma del centro comercial Metropoli di Novate; también en los rolezinhos, en São Paulo y Río de Janeiro en 2014. En los rolezinhos (o “paseítos”), adolescentes de la periferia urbana se organizaron a través de las redes sociales para hacer excursiones a los centros comerciales. En estas acciones no politizadas, los adolescentes buscaron divertirse y conocer gente. La aparición repentina de cientos de personas de color en centros comerciales del país causó terror entre los propietarios de las tiendas, administradores de los centros y sus clientes de clase alta. Las acciones pusieron inmediatamente en relieve problemas del espacio público y los derechos de unos pocos de tener acceso a estos espacios, la cuestión de la periferia y los privilegios.

Al igual que la toma del centro comercial en Milán y los rolezinhos, el grupo que entró al centro comercial Santa Fe no solo buscaba visibilizar la precarización del trabajo, la crisis económica, el despojo y desplazamiento masivos de campesinos y habitantes de las periferias urbanas. La acción también resaltó el acceso asimétrico a infraestructura, mercancías y servicios, la devastación de formas de vida y de empleo por las políticas neoliberales y la falta de vivienda e infraestructura para la clase trabajadora en la Ciudad de México. Al mismo tiempo, el grupo quería proponer alternativas al sistema corporativo-capitalista actual, resaltando el hecho de que la autonomía para los ricos está siendo respaldada por el estado (la ZEDEC de Santa Fe es un territorio legalmente constituido y gobernado por la iniciativa privada en colaboración con el gobierno desde 1994), mientras que se reprimen las luchas de autonomía de los pobres y pueblos originarios. En un ejercicio de traducción de las operaciones de autonomía zapatista en áreas periféricas urbanas, los asaltantes definieron su lucha por los derechos humanos, la justicia y la dignidad, por economías comunitarias, educación para la autonomía, soberanía alimentaria, formas de comunicación indígenas y comunitarias basadas en la horizontalidad, solidaridad, autogestión, trabajo voluntario y consenso. También buscaron representar luchas puntuales contra el gobierno y las corporaciones nacionales y transnacionales y sus megaproyectos, dando prioridad a la defensa de la tierra en San Mateo Tlaltenango y del agua en San Bartolo Ameyalco.

Apenas entró al centro comercial, el grupo se dio a la tarea de ensamblar un mapa del espacio en tamaño real, inspirado en el plano imperial del cuento de Jorge Luis Borges, Del rigor en la ciencia. El modelo proponía una versión des-colonizada del centro comercial reconvirtiendo su arquitectura para establecer una nueva economía autónoma y comunitaria. En el mapa, el complejo de entretenimiento infantil que transforma a los niños en emprendedores y consumidores, “Kidzania”, es reemplazado con una plaza de reuniones; el “Palacio de Hierro” se volvería un centro de aprendizaje y archivo para la memoria de los pueblos indígenas desplazados que han vivido en la ciudad durante cuatro o más generaciones; “Liverpool” sería un centro de salud y educación de medicina tradicional y alternativa; “Sears”, un complejo de educación e investigación para recuperar formas de conocimiento aborigen y los medios para transmitirlo. La mayoría de locales comerciales serían reconvertidos en espacios de vivienda e instalaciones avícolas y ganaderas y para otras necesidades de subsistencia de unas 600 familias.

El estacionamiento sería reemplazado por un mercado de intercambio y un banco de tiempo. En el techo harían un enorme jardín urbano y una granja de chapulines, la principal fuente de proteína de la comunidad. Sería contemplada una estación de radio pirata y una comisión de la memoria se encargaría de armar un archivo para escribir la historia de los pueblos indígenas desde su perspectiva. El mismo grupo de antropólogos franco-argelinos y germano-turcos que ahora trabajan en el proyecto de reconversión de la zona turística de Acapulco-Diamante, participó en el diseño del mapa del centro comercial Santa Fe, junto a un equipo de expertos en sustentabilidad y energías alternativas.

Una vez que el grupo hubo colocado el plano junto con pancartas explicando cómo funcionarían el nuevo espacio y la economía comunal y autónoma, subieron al techo cerca de las 2.30 para hacer un picnic y bailar. Alrededor de las 2:45 a.m., policías aterrizaron en helicópteros en el techo y, usando gases lacrimógenos y armas de fuego, dispersaron a la multitud. Aunque no hubo arrestos al interior del centro comercial, se reportaron unos 20 muertos y cerca de 150 heridos.

Enfrentados a la amenaza de este intento de toma por miembros de la población residual que continúa atrapada en la periferia del privilegio y el progreso de la ZEDEC Santa Fe, se instituirá un programa gubernamental llamado Periferia como patrimonio cultural.

Un equipo de arquitectos especializados en sociología del espacio, expertos en construcciones sustentables y un administrador histórico del paisaje urbano comenzarán a trabajar en proyectos específicos para mejorar la vida de la gente con intervenciones site-specific consensuradas, junto a programas sociales de vivienda, salud y educación. El programa será generosamente financiado por las fundaciones SoroSlim y Televisa.

La zona donde está el centro comercial Santa Fe, al oeste de la Ciudad de México, solía ser una mina de arena y, a partir de mediados del siglo XX, un vertedero. A fines de los 70s, se creó un fideicomiso y en 1993 se creó una nueva figura legal atada al uso de la tierra de esta zona: ZEDEC, o Zona Especial de Desarrollo Económico Controlado. Del fideicomiso Santa Fe hacían parte corporaciones nacionales e internacionales, propietarios de universidades y colegios privados y constructores que invirtieron en la zona. El fideicomiso había sido creado bajo la premisa que el gobierno del Distrito Federal garantizaría el desarrollo urbano y proveería a los inversionistas con electricidad, infraestructura, vías, agua y tuberías para que ellos pudieran instalar su industria en la futura ZEDEC. El fideicomiso partió de la idea de instituir un nuevo modelo de gobierno territorial que combinara lo privado y lo público. Esto llevó a la creación del Fideicomiso de Colonos de Santa Fe, un cuerpo compuesto por siete miembros, de los cuales cuatro son designados por la asociación y tres por el gobierno. Las decisiones se toman por votación mayoritaria. De forma paralela al alzamiento zapatista, otro organismo, la Asociación de Colonos de Santa Fe fue creada por inversionistas y ciudadanos buscando establecer un frente unido contra los problemas de la zona. Por ejemplo, al estar rodeada de barrancas y precipicios, el área necesitaba puentes para interconectarse, que no siempre eran construidos por el estado cuando se necesitaban. O los restos del vertedero en el subsuelo hace que las tuberías de agua sean vulnerables a la contaminación; también los residuos de basura en el suelo producen gases inflamables que necesitan ser liberados periódicamente con mucho cuidado. Teniendo esto en cuenta, los objetivos de la Asociación están enfocados en el uso de la tierra, en rescatar el espacio público y las áreas verdes, proteger el medio ambiente, desarrollar una mejor infraestructura y servicios y crear un plan de movilidad que incluye un tren Toluca-Ciudad de México, así como proteger la ecología de las barrancas. La Asociación se presenta como “una corporación privada de servicios sociales” y controla la construcción de nuevos edificios, asegurándose de que la normativa del uso del suelo se cumpla mientras promueve “la legalidad y el bien común en Santa Fe”. La Asociación representa a todos los habitantes y trabajadores de la zona ante las autoridades para asegurar su desarrollo y conservación; se considera una entidad apolítica, sin ánimo de lucro y dedicada a promover la participación proactiva de los habitantes en los diferentes órdenes gubernamentales y a mejorar la calidad de vida, la preservación de infraestructura urbana, el espacio público, los servicios y el medio ambiente.

La figura legal de la ZEDEC, la Asociación y el Fideicomiso que manejan la zona de Santa Fe en colaboración formal con el gobierno, son modelos de una nueva clase de autonomía que combina manejo privado con apoyo gubernamental, así como cabildeo a favor de intereses privados para asegurar los privilegios de unos pocos y la creación de plusvalía. La Asociación de Colonos de Santa Fe incluye corporaciones, restaurantes, instituciones educativas, desarrollos de vivienda y centros comerciales y ha declarado como independiente el territorio de mil hectáreas “desarrolladas” en los distritos de Álvaro Obregón y Cuajimalpa. Según la Asociación, esta área no pertenece a ninguno de los dos distritos, así que el fideicomiso intentó en 2004 lograr una “autogestión privada”, recolectando un porcentaje de los impuestos prediales de la zona, para decidir qué proyectos de infraestructura, mantenimiento y seguridad se realizarían. Según los rumores, muchos de los habitantes de ZEDEC Santa Fe, que incluye 75 edificios de oficinas, cuatro centros comerciales, cuatro mil apartamentos en condominios, 1500 casas, cinco hoteles, y siete universidades y colegios, nunca han tenido que pagar agua.

Santa Fe resultó ser un desarrollo de vivienda urbana de lujo construida en tierras comunales adquiridas muy baratas en macroventas ilegales una vez que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari permitió la privatización de los ejidos. Desde que se funda el ZEDEC Santa Fe, miles de indígenas nativos y pobres inmigrantes urbanos han perdido su patrimonio y fuente de sustento, y actualmente están siendo acosados por corporaciones y el gobierno en una lucha continua por la tierra y los recursos. Desde los años setenta ha habido expulsiones y desplazamientos sucesivos de habitantes de comunidades como La Rosita, Cruz Manca y Cruz de Palo que se han mudado a otras comunidades: San José de los Cedros, San Mateo Tlaltenango y Navidad en Cuajimalpa. La Viñita, una comunidad de pepenadores que vivían del basurero hasta los noventas, desapareció por completo.

En paralelo que la ZEDEC como figura legal territorial que confiere autonomía al sector privado —junto con el Fideicomiso Santa Fe y la Asociación de Colonos Santa Fe—, algunos de los habitantes más antiguos de la zona han intentado establecer formas autónomas de gobierno para defenderse de políticas gubernamentales destructivas, ineficientes o desiguales, que están desposeyéndolos y obligándolos a desplazarse. Por ejemplo, los habitantes de San Mateo Tlaltenango han sido espectadores de la burbuja inmobiliaria en sus tierras robadas gradualmente por nunca haber sido reconocidos por el estado como propietarios. Sin embargo, la posesión de sus tierras se remonta a la colonia, cuando eran parte de un calpulli azteca en las tierras del Anáhuac, descrito en el Códex Techialoyan, en el camino a Cauauximalpan (Cuajimalpa). En 1979, la Universidad Iberoamericana comenzó a construir su campus en esas tierras y en 2011, los ciudadanos despojados fundaron un movimiento, “Nativos y Naturales de San Mateo Tlaltenango”, para exigir el reconocimiento de su propiedad y confirmar y titular las tierras comunales. Un documento de 1704, una Merced Real, demuestra la extensión de su territorio. Sin embargo, las autoridades gubernamentales los han ignorado, reprimiendo la resistencia con fuerza policial masiva desde 2014. De momento, los habitantes de San Bartolo tienen un amparo u orden de protección contra la acción de las autoridades. Su lucha también incluye soberanía alimentaria, manejo de aguas comunitarias, conservación del suelo y su derecho a la autonomía. Otras comunidades involucradas en el conflicto son Santa Rosa Xochiac, San Bartolo Ameyalco, San Bernabé, San Lorenzo Acopilco y La Magdalena, así como el bosque Ocotal, el Cedral, Loma de Pachuquilla y la reserva ecológica del Desierto de los Leones. El problema es que el gobierno está administrando su tierra mientras que los asentamientos ilegales continúan creciendo, agudizando las divisiones entre las comunidades.

Paradójicamente, el derecho a la autonomía de los pueblos originarios y marginados es negado y reprimido (como en los casos de las municipalidades autónomas a lo largo del país como la Caracoles de los zapatistas, y las municipalidades autónomas de San Juan Copala o Cherán en Michoacán, Tlaltenanco y Ameyalco), mientras el gobierno del distrito federal y la Asociación de Colonos de Santa y el Fideicomiso han considerado la creación de una delegación en la zona para validar el gobierno casi autónomo del Fideicomiso y la Asociación que lo administran. Sin embargo, la nueva delegación solo incluiría a las zonas residenciales y comerciales que producen plusvalía y excluiría las áreas de bajos ingresos situadas en su periferia, las que, desde el punto de vista del fideicomiso Santa Fe, son parte del problema. Otro de los problemas es que el acceso a las zonas comerciales y de vivienda de clase media, media alta y alta en Santa Fe pasa necesariamente por las áreas periféricas y menos desarrolladas de la zona. Es por esto que la Asociación, financiada por la Fundación SoroSlim ha invitado a un equipo de planeación urbana y paisajística israelí, para presentar soluciones similares a las que han aplicado en los Territorios Ocupados palestinos para interconectar de forma segura y eficiente los asentamientos israelíes desperdigados por la zona.

El modelo de autonomía que ofrece la ZEDEC Santa Fe es algo similar a lo que ambiciona la lucha de San Bartolo Ameyalco en el distrito Álvaro Obregón, un pueblo vecino que ha sufrido de expropiaciones territoriales y de los bienes comunes. En marzo de 2015, algunos hogares de esta comunidad dejaron de recibir agua por la sequía de las tuberías. Aún así, podían escuchar el líquido que surgía de un manantial en sus tierras, corriendo bajo sus pies. En el pueblo de Ameyalco hay un manantial que ha suplido a la población durante siglos y por el que han estado luchando 15 años. Los recién llegados y la expansión de los asentamientos de la ZEDEC fueron la razón por la cual el gobierno desvió ilegalmente su manantial en 2014. En marzo de ese año, los habitantes de San Bartolo Ameyalco se organizaron, detuvieron los trabajos hidráulicos y se negaron a permitir elecciones federales en su comunidad. Sin embargo, el 21 de mayo fueron violentamente agredidos tras el despliegue de 1500 granaderos. Cinco miembros de la comunidad acusados de “amenazar la paz pública” fueron encarcelados, y a la fecha, no han podido ser liberados bajo fianza. Desde entonces, activistas y otros miembros de la comunidad han desaparecido mientras que los pobladores se ven obligados a pagar por el agua que llega a sus casas en pipas.

El panorama amplio detrás de la toma del centro comercial Santa Fe resalta la paradoja del acceso desigual a formas autónomas de gobierno y autodeterminación política. Mientras que los privilegios de unos pocos les cuestan la vida y formas de vida a los menos privilegiados – un asunto político que nos concierne a todos – el gobierno castiga formas populares de autonomía al tiempo que facilita formas de autogobierno de los sectores más privilegiados apoyadas por las corporaciones. La toma también evidencia los límites de la acción política simbólica y el hecho de que, más allá de criticar al consumismo y el corporativismo, lo que está en juego aquí es la diferenciación en la valoración de la vida que hace aún más vulnerables a las poblaciones originarias y a las marginadas. Pocas horas después de que los ocupantes fueran expulsados del Centro Comercial Santa Fe, comunidades en la periferia del ZEDEC comenzaron a sufrir redadas policiales con más represión, arrestos y desapariciones ilegales.