Opinión

Diego del Valle Ríos

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21.06.2020

Sobre la posibilidad de políticas culturales más allá del estado

Opinión: Diego del Valle Ríos

Tercera entrega como parte de la serie de opiniones sobre las políticas culturales del gobierno de México a propósito de un sistema cultural público en crisis, en la cual, Diego del Valle Ríos cuestiona los parámetros que articulan las posibilidades de organización gremial con fines de contra peso político en tensión con el horizonte político de la autogestión cultural ante los límites del estado. 

Si algo ha quedado confirmado a lo largo de estos espesos días de confinamiento y crisis bajo el gobierno de AMLO, es la torpe capacidad que tiene el estado para reformarse por el bien común. El estado es en sí mismo una estructura de desigualdad que actualmente en MX continua existiendo primordialmente para sostener al necrocapital bajo parámetros neoliberales, contando sus espejismos de inclusión, equidad y justicia. Ambas crisis, la sanitaria y la económica, evidencian la caducidad de este sistema democrático. Por ello resuenan imaginaciones radicales que apuestan por el apoyo mutuo como eje habitual otro de una estrategia comunitaria descentralizada y autónoma —barrial, afectiva, micropolítica— que nos acercan a una eventual disolución de la fuerza del estado como centro cardinal de las posibilidades de hacer mundo(s) social(es).

En el campo cultural, se evidencia un aspecto de dicha caducidad del estado mexicano al contar con una Secretaría de Cultura que por el momento tiende a accionar desde una de las estrategias de comunicación preferidas por los sistemas democráticos: la simulación de diálogo. El pasado 10 de junio se publicó el comunicado La cultura es el centro de la transformación social, en el cual, la SC reafirma su vocación por hacer valer los derechos al acceso a la cultura, desde una óptica nacionalista, a través de garantizar equidad y libertad a creadores y público, con el fin de lograr instituciones fuertes en el futuro cimentadas en 3 pilares: el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Mexicano de Cinematografía (IMCINE). Es curioso que el Fonca siga sin ser reconocido públicamente como uno de los importantes pilares de la SC, lo cual explica el tropezado avance en presentar una propuesta de proyecto que le otorgue estabilidad y continuidad desde hace más de un año.

En el mencionado comunicado, aseguran que la SC se está transformando, sin embargo, su transformación debe de hacer más claras las formas en que como sociedad civil vamos a ser partícipes de sus procesos. Por ejemplo, reconocen la solidez del INAH brindada por las generaciones de investigadores que lo integran, y en contraste, su injerencia política al interior del gobierno no logró evitar que dicho instituto se enfrente ahora a una amenaza de recorte del 75% a su presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No es casualidad que la SC se enfrente a resistencias considerando que el INAH representa oposición al Tren Maya. Ante ello, no queda clara la estrategia de colaboración entre SC y sociedad organizada.

Otro ejemplo de contradicción a partir del cual se puede interpretar la comunicación de SC como simulación de diálogo; en el comunicado hacen múltiples hincapiés en la importancia de los apoyos económicos pero no han presentado un plan de rescate para trabajadores del arte y la cultura ante la crisis, a pesar de ser necesario para la comunidad a la que responde. Su solución se limitó al programa Contigo a la distancia, en el cual, si bien existen contenidos valiosos, su plataforma presenta una estructura poco funcional para accionar potencias comunitarias, colaborativas o participativas, limitando las producciones apoyadas a mero contenido para el consumo individual.

En lugar del plan de rescate, por un lado, optan por continuar desde la opacidad con el proyecto prioritario del Bosque de Chapultepec del cual seguimos sin conocer detalles y reportes específicos a pesar de solicitar su publicación; y por otro, tergiversan la existencia de fondos públicos ya en ejercicio bajo discursos que intentan presentarlos como “subsidios básicos para atender la emergencia”, como sucedió con los recursos del Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC).

Ante esta realidad, me pregunto, ¿dónde están las políticas culturales más allá del estado? Seamos sinceros, como trabajadores del arte y la cultura, hasta hoy, nuestra organización gremial (como un gremio de muchos gremios) ha sido poco eficiente a través del diálogo (simulado) en cuanto a resultados de injerencia en las políticas culturales del gobierno de López Obrador. Aunque hemos logrado importantes vínculos con colegas al interior de las instituciones culturales y legislativas para continuar exigiendo nuestra participación en el replanteamiento de las políticas culturales, sus programas y normativas, estos canales continuan reproduciendo la jerarquía endogámica muy característica de la cultura política mexicana. Ésta, erosiona todo contrapeso político desde lo civil pues no facilita la pluralidad debido a ideas patriarcales que permiten que prevalezca el centralismo republicano a través de agentes “con trayectoria”, que existan pocos esfuerzos transgeneracionales, y que la blanquitud mantenga desigualdades estructurales entorno a violencias clasistas, racistas, machistas, sexistas u homo-, lesbo-, trans-fóbicas. En otras palabras, la mayoría de los ejercicios de organización gremial hasta ahora realizados, suelen darse a través de la heterorreproducción del mundo que pone, de nuevo, al estado al centro como tutor y administrador de la cultura con el que solamente se puede entablar relación a través de una élite que “representa” al gremio, reforzando así el binarismo de lo público y lo privado.

Es preciso examinar el fracaso de nuestros ejercicios organizacionales bajo esa lógica para lograr un hacer comunitario distinto. Las posibilidades de hacer mundo otro están en disputa. A lo largo de los últimos dos años, he reconocido una inquietud personal alrededor de las dudas, quién me acompaña, a quién acompaño y cómo nos acompañamos unxs a otrxs para entender en la pragmática de mis relaciones corporales, aquellas conexiones intelectuales que son trasfondo afectivo de un red de la que formo parte en mi vida cotidiana principalmente a través de mis movimientos en el campo del arte contemporáneo. En la soledad que se agudizó durante el comienzo del confinamiento, personalmente abracé la idea de apoyo mutuo para que fuese una semilla de posibles estrategias a imaginar para hacer red, contención, acompañamiento, espacio de confianza. Mis redes afectivas son en gran parte mis redes laborales.

El 7 de marzo un grupo de 25 personas relacionadas a través del campo laboral del arte contemporáneo en la CDMX, nos reunimos en un picnic detrás del Museo Tamayo para compartir inquietudes alrededor de la pregunta “¿cómo nos sentimos?” tras la experiencia de sobre/auto-explotación y abusos laborales que se suscitan en el arte contemporáneo y que se agudizaron durante las ferias de arte en las que participamos a principios de febrero. A lo largo de esa asamblea relajada, llegamos a una conclusión sobre lo que teníamos en común: todxs ahí nos preguntamos cómo defendernos ante abusos de poder en el campo laboral en el que accionamos. En otras palabras, estamos en búsqueda de otras formas económicas más equitativas, centradas en las comunidades locales y no en la necesidad de los mercados mediados por intereses público estatales y privados. Partiendo de eso, ¿qué significa entonces definir políticas culturales desde la organización civil reconociendo la potencia de la autonomía gremial? ¿Qué implica ejercer contrapeso político desde un tercer espacio que no sea el público estatal o el privado?

A través de la reflexión de Jaron Rowan en Cultura libre de Estado, comencemos por reconocer el potencial ámbito de acción: el público no estatal, es decir, organizaciones, asociaciones y acciones colectivas que tienen una función pública (en cuanto a tejido social) pero que no son entidades públicas, y sin embargo, están sujetas a las normativas, plazos, calendarios y presupuestos previamente definidos por lo público. Con un grado de autonomía limitado por el orden neoliberal, el ámbito público no estatal tiene la responsabilidad de definir, visibilizar y empujar, a través de una estrategia del conflicto, disenso y colaboración, una agenda política de acuerdo a las realidades y necesidades sociales que el ámbito público estatal se rehúsa a atender a partir de lógicas distintas; realidades y necesidades que igualmente no caben en los parámetros privados de explotación económica (industrias culturales) y social (filantropía). Lo público no estatal como el ejercicio del agenciamiento civil para lograr sinergía en dialéctica con lo público estatal y lo privado con fines de redistribución de fuerzas, tanto al interior como al exterior del mismo ámbito público no estatal. Esto último conlleva preguntarnos sobre el capital político, social y cultural que existe en dicho ámbito para preguntarnos sobre una ética de responsabilidad de reparación, reconociendo que dichos capitales se dieron en un entramado heteropatriarcal del neoliberalismo lo que implica una desigualdad sistemática en detrimento de mujeres, personas con diversidad de capacidades, personas racializadas y personas LGBTQ+. ¿Cómo (re)organizar el ámbito público no estatal del que somos parte desde ésta óptica?

Lo anterior nos lleva necesariamente a plantear la idea de los procomunes como recurso básico para la redistribución de la riqueza a través de políticas culturales que no solo garanticen el acceso sino también la autogestión de los bienes compartidos. Parafraseando a Rowan, la noción del procomún nos habla de un régimen de propiedad que no es pública ni privada, sino una propiedad colectiva y común: “entiende que las infraestructuras y los equipamientos son bienes comunes que pertenecen a [todo aquel] que se comprometa a su gestión” en beneficio de su comunidad inmediata. La cultura es un procomún que suele existir en la dicotomía de la cultura como derecho y la cultura como recurso, es decir, la división entre consumidor y productor. Ante ello, Rowen señala la noción de acceso productivo que permitirá el uso lucrativo por parte de quienes integramos el ámbito público no estatal de los recursos públicos. De esta forma, se logra agenciamiento político y beneficios económicos que nos permiten producir y consumir cultura bajo nuestras propias pautas de actuación, es decir bajo nuestras propias políticas culturales enmarcadas por la sustentabilidad de la autonomía.

Habría que preguntarnos entonces, ¿qué búsqueda de largo aliento existe en nuestros ejercicios de organización gremial? ¿Qué implica un proceso de definición de políticas culturales bajo las cuales accionaremos como trabajadores del arte y la cultura desde el ámbito público no estatal? Dentro del mismo, ¿qué potencias existen para la cultura en MX en cuanto a la noción de procomún? ¿Qué códigos de ética habría que contemplar en dicho proceso de replanteamiento en cuánto a las deudas históricas que tenemos entre nosotrxs y con otrxs al ser partícipes y beneficiarixs de sistemas de desigualdad y opresión? ¿Qué herramientas ayudarán a afrontar las situaciones de disenso para normalizar y mejorar las relaciones profesionales entre nosotrxs?

 

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